Palestra Aguascalientes

ICA y el Negocio de la Cultura

14 febrero 2011

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales”

Por Juan José Oseguera Goytortúa

¿Qué le parecería, amable lector(a), como posible postgrado de las licenciaturas actuales de la Universidad (lo correcto sería que se llamara Instituto, por su naturaleza) de las Artes de Aguascalientes,
a) un doctorado en Creación Literaria Área Novela, en seis semestres, con una inscripción semestral de 6 mil 330 pesos y cinco mensualidades de 6 mil 930 pesos, y b) otro sobre Historia del Arte, también en seis semestres, con una inscripción semestral de 2 mil 630 pesos y cinco mensualidades de 3 mil 150 pesos?

Asimismo, ¿cómo vería usted c) una maestría en Apreciación y Creación Literaria, en cuatro semestres, con una inscripción semestral de 4 mil 880 pesos y cinco mensualidades de 5 mil 830 pesos; d) otra de Arte Moderno y Contemporáneo, en cuatro semestres, con una inscripción semestral de 4 mil 880 pesos y cinco mensualidades de 5 mil 830 pesos, y e) una especialidad en Gestión Museográfica, en dos semestres, con una inscripción de 4 mil 500 pesos y cinco mensualidades de 5 mil pesos; más cursos libres, diplomados, seminarios y talleres?

Los doctorados, maestrías y la especialidad de referencia, así como sus respectivas tarifas, tomadas a manera de ejemplo, forman parte del plan de estudios del Centro de Cultura Casa Lamm, propiedad de Televisa, que tiene por presidente a Alejandro Burillo Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga Jean, y como directoras Administrativa y Académica a las eficientes hermanas Cecilia y Claudia Gómez Haro, respectivamente, allá en la bella casona de Álvaro Obregón 99, colonia Roma, en la Ciudad de México.

DOBLE CONTRA SENCILLO

Por eso no hay que perder de vista a Jesús Martín Andrade Muñoz, director del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), quien ante los medios de comunicación locales habla de la necesidad de “profesionalizar la enseñanza” en el organismo a su cargo ( lo que a estas alturas, dicho sea de paso, no debiera ser aspiración sino hecho consumado), cuando en la práctica se dispone a privatizar la cultura en la entidad, a favor de unos cuantos.

Pasos en ése sentido representan la promulgación de la ley que convierte al ICA en organismo público descentralizado y el estatuto que debe presentar Andrade Muñoz al Congreso del Estado en el término de 120 días, a partir de su toma de posesión, mismo por el que el autor de estas líneas, influenciado por la Feria de San Marcos, apuesta doble contra sencillo a que aprobará por echarle montón el PRIAN en cuanto lo tenga en su poder.

Ocioso es decir que los hijos de la inmensa mayoría de los y las aguascalentenses (que en el mejor de los casos ganan tres salarios mínimos diarios) quedarían descartados de tan ambiciosos planes, no obstante que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice a la letra:

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.

Y el artículo 73 en su fracción XXV: “Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios, y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación…”

La privatización de la cultura forma parte de la privatización de la educación (de la Alianza por la “Calidad” de la Educación), en la última etapa del proceso de desmantelamiento del “proyecto de nación de la Revolución Mexicana”, que representa el articulado de la Constitución de 1917, que han venido llevando a cabo los gobiernos neoliberales del PRIAN desde 1989.