Palestra Aguascalientes

Acusan a Omar Williams de Usar la CEDH Como Negocio Particular

17 noviembre 2009

Exigen Auditoria a las Finanzas

Por Mario César Macías Zúñiga

Diversas agrupaciones civiles entregaron al Congreso del Estado un documento donde narran las razones por las cuales no debe ser ratificado Omar Williams López Ovalle como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Lo acusan de ineficaz, de ejercer malas prácticas administrativas, “y el probable quebranto patrimonial de la Comisión, éste último solicitamos sea investigado hasta sus últimas consecuencias por la Contaduría Mayor de Hacienda”.

Aseguran que el trabajo de Omar Williams López Ovalle “dista mucho de ser calificado como aceptable, por el contrario es deplorable”, subrayando que “ha provocado en algunos años mayor número de escándalos por malos manejos administrativos que recomendaciones”.

Acusan al abogado de manejar “el presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes como el de un negocio particular en donde no tiene que rendir cuentas. El Ombudsman ha contratado y despedido al personal de la Comisión poniendo en riesgo el presupuesto de la institución”.

Y hacen un recuento: “En el año 2006, para resaltar un ejemplo, despidió sin ninguna causa y sin liquidación a Carolina Elizondo, quien tenía una antigüedad de más de quince años en el organismo, dicha ex funcionaria demandó y obtuvo un laudo ante el Tribunal de Arbitraje en el que se condenó a la CEDH a pagarle alrededor de un millón 200 mil pesos por despido injustificado, ya que se condenó a pagarle además de la correspondiente indemnización constitucional, todos los salarios caídos desde el día que se le separó de su trabajo de manera injustificada”.

Añaden: “Entre las muchas personas que laboraron en la Comisión entre 2007 y 2008 y que fueron despedidas sin ninguna justificación, están María del Carmen Franco Alba, Cristina Pacheco Espinosa, Edmundo Olivarez Macías, Zulaid Robledo Lozano Rodrigo Icpac Tonatiuh Escalera García, María de Jesús Martínez Flores y Gabriela Días Franco”.

Ante esto, los activistas solicitan al Congreso del Estado “auditar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a fin de determinar, entre otras cosas, a cuántas personas más se despidió de su empleo violándose sus derechos, a cuántas personas se les separó sin pagarles indemnización y a cuántas se les despidió entregándoseles una indemnización millonaria que pudo haber lesionado las finanzas del organismo, debido a omisiones y malos manejos de su titular, todo lo anterior, independientemente de que hubo un considerable número de trabajadores a quienes no se dieron prestaciones sociales y de los malos tratos de que fueron sujetos”.

Y preguntan: “¿Qué clase de defensor de los derechos humanos es aquel que no respeta los más elementales derechos laborales de la gente que trabaja en la institución a su cargo?”

El documento está firmado por 16 organismos no gubernamentales.