Palestra Aguascalientes

Denuncia Diputado del PAN Incomunicación de Detenido en la PGJE

3 abril 2012

Por Alfredo Reyes Velázquez

Un tema que no hemos querido dejar de tratar es el referente a las quejas que día con día se multiplican en relación con los trabajos que realiza actualmente la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

Una queja que comenzó como un acto aislado, se ha generalizado por parte de la gran mayoría de los abogados que ejercen la profesión en la materia penal en el Estado.

Hemos de señalar que desde hace varias semanas se han manifestado los abogados en el sentido de que prácticamente la Procuraduría de Justicia trata todos los asuntos como si se tratara de delincuencia organizada o alta delincuencia.

Por sistema, se niega el acceso a los abogados y a las partes a los expedientes de una averiguación previa, en los amparos, por sistema la autoridad responsable, esto es la Procuraduría, niega la existencia del acto reclamado, con lo que obligan sin tener los elementos para ello al quejoso a probar el acto del que se queja, lo que a la larga representa el sobreseimiento de los amparos; por sistema, se niega la libertada bajo caución, cuando es un derecho constitucional, y lo mas lamentablemente en los delitos imprudenciales o culposos se da trato a los responsables de secuestrador u homicida doloso.

No estamos en contra de que sea aplicado en apego a derecho la fuerza del estado a todos los infractores de la norma penal, sin embargo hay que tener la sensibilidad social y política para tratar cada asunto en su debida dimensión y en utilizar la norma penal no solo como un arma de castigo sino de solución de conflictos y mecanismo de convivencia social y humana.

Hace unos días tuve la oportunidad de vivir en carne propia las quejas de los abogados, en cuanto a un actuar cerrado de la Procuraduría, cuando acudimos a los separos de la policía ministerial a solicitar la liberación de un joven detenido, arraigado e incomunicado por la comisión de un lamentable ilícito de homicidio imprudencial, por la conducción de un vehículo.; al menor no obstante ser un delito culposo y con derecho a libertad bajo fianza, se le incomunicó y arraigo, con el pretexto de integrar la averiguación previa y deslindar tal vez la participación del la alta delincuencia en el accidente vial, no le fue permitido el ingreso a los separos a su abogado ni a sus familiares, y solo hasta que los actores políticos nos hicimos presentes se permitió el acceso a sus abogados y le fue otorgado como si de un favor se tratara el beneficio de la libertad bajo fianza.

No sabemos en qué condiciones y qué tipo de asuntos tenía a su cargo el Procurador y los Subprocuradores en otros estados en donde han laborado, pero en Aguascalientes, sin negar el problema que tenemos de alta delincuencia y la cada vez más lamentable participación de los carteles de las drogas en el Estado, son temor a equivocarnos, en Aguascalientes, más del 85% de las averiguaciones previas corresponden a delitos culposos y conflictos de convivencia humana que pueden ser solucionados, si con la intervención del estado, pero por medios de negociación, conciliación y la búsqueda de puntos comunes de interés entre las partes y no solo a través de la aplicación del garrote generalizado y la determinación de arraigo a todo aquel que se ve involucrado en un hecho delictivo, culposo o doloso.

Este Congreso aprobó la actualización jurídica de la figura del arraigo pero no para que este sea aplicado a todo involucrado en un accidente vial o en una disputa vecinal, sino para enfrentar con mejores herramientas a los verdaderos delincuentes que afectan nuestro estado, mas no así como hemos dicho a quien ante el incumplimiento del deber de cuidado se ve involucrado en un delito culposo.

Por lo anterior y convencidos de que el dialogo es la mejor herramienta que la democracia nos ha brindado, solicitamos a la Presidencia de la Comisión de Gobierno, quien es parte de esta Mesa Directiva de la Diputación Permanente, para que así como en el tema de la Justicia Laboral, se busque a la brevedad posible una reunión de la Comisión de Gobierno de esta LXI Legislatura con el Procurador General de Justicia, para que podamos hacer de su conocimiento en nuestra calidad de representantes sociales, y en forma conjunta busquemos la mejor solución que permita a la autoridad el cumplimiento de sus atribuciones, a los abogados el ejercicio de su profesión y a los particulares la tutela de sus derechos tanto como víctimas como victimarios.