Palestra Aguascalientes

Figura del Arraigo Debe Terminar: Derechos Humanos

1 diciembre 2012

Los arraigos, aunque están en la Constitución, son contrarios a la reforma de junio del 2011 y van en contra de la presunción de inocencia y violan derechos humanos, coincidieron los presidentes de las comisiones de derechos humanos de Querétaro y Aguascalientes.

Denunciaron la omisión legislativa en la que han incurrido los diputados federales porque debieron haber publicado desde el mes de junio de este año una ley de reparación de daños y a la fecha esa ley no existe en detrimento de las víctimas de delitos.

La figura del arraigo, contemplada en la constitución, debe desaparecer porque es violatoria de los derechos humanos, coincidieron en afirmar los presidentes de derechos humanos de Querétaro, Miguel Ángel Nava Alvarado y de Aguascalientes, Omar Williams López Ovalle.

Aunque el arraigo está contemplado en el artículo 16 de la Constitución, las recientes reformas efectuadas en 11 de junio del año pasado obligan a revisar el tema de los arraigos porque son violatorios de derechos humanos. Este tipo de prácticas judiciales es contrario al principio de presunción de inocencia afirmaron. Por esta razón, debe ser eliminado y en todo caso fortalecer las entidades investigadoras a efecto de sustituir el arraigo con una verdadera y profesional investigación a presuntos delincuentes.

Ambos defensores de derechos humanos firmaron esta tarde un convenio de colaboración en el que se contempla la realización de actividades conjuntas de capacitación, actualización y el compartir las mejores prácticas entre ambas instituciones a fin de fortalecer los trabajos de promoción y defensa de los derechos de las personas.

Durante la firma de convenio, ambos Ombudsmen señalaron también la omisión legislativa en la que han caído los legisladores federales en el tema de la creación de una ley de reparación de daños a víctimas de delitos.

Explicaron que las reformas constitucionales del 11 de junio del 2011, concretamente en el artículo séptimo transitorio establece un plazo de un año para que los legisladores federales promulguen una ley para reparación de daños, sin embargo, 17 meses después, no se ha promulgado ninguna ley, con lo que los legisladores incurren en una grave omisión legislativa que va en detrimento de las personas que han sido dañadas por la comisión de delitos.

Hoy lo vemos, por ejemplo si un policía al cometer abuso de fuerza pública y daña a un detenido, como sucede con mucha frecuencia, hoy la víctima tiene que pagar los gatos que le genere ese abuso de autoridad sin que ninguna ley le obligue a reparar el daño.

Este no es un tema menor, dijo el Ombudsman de Querétaro, ya que el ánimo del legislador cuando reformó la constitución fue el de dar un trato mas digno a las víctimas, sin embargo, por omisión, los actuales legisladores no han informado si están o no trabajando sobre este mandato, en tanto que las personas siguen siendo afectadas por la ausencia de este marco jurídico.

Por su parte López Ovalle dijo que un ejemplo muy palpable de que es urgente contar con una ley que proteja específicamente los derechos de las personas que han sido dañadas es que, las víctimas son las más olvidadas de nuestro sistema judicial. Cuando a una persona le roban y las autoridades logran detener a los ladrones, los bienes incautados difícilmente llegan a manos de sus originales propietarios; con una ley así, las autoridades estarían obligadas a disponer de una reparación del daño de forma integral.

Ambos titulares de derechos humanos expresaron su confianza en que los diputados federales pongan atención en este tema y apuren la promulgación de esta ley además de una mejor armonización de las leyes para hacer más robusto el sistema de protección a los derechos humanos en México.