ÚLTIMA HORA
16 septiembre 2013
Este viernes, fue reanudada la sesión del primer período extraordinario correspondiente al segundo período de receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura.
En primera instancia, el diputado Alfredo Nieto Estebanez, expresó su rechazo a las leyes impulsadas por el GPPRI, ya que es muestra de la “búsqueda del poder por el poder” además de expresar que “esos arrebatos” no corresponden al mandato que les dio la ciudadanía, refiriéndose al dictamen sobre el nuevo Código Urbano.
El legislador del GPPAN declaró que “las ansias de poder que las urnas no les dieron hacen que el PRI dé su verdadera cara. Agregamos la traición, la ausencia del cumplimiento de los compromisos y la falta en honrar la palabra”.
Invitó a sus compañeros legisladores a no votar favorablemente la propuesta de nuevo Código Urbano. Adelantó que Acción Nacional lo rechazará y que “la sociedad hidrocálida ha madurado y tiene memoria, recordará este atropello y omitirá a los traidores”.
En el uso de la palabra, el integrante de la bancada del PVEM, diputado Sergio Augusto López Ramírez, razonó su voto en sentido positivo para el dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del que dijo, está fundamentado en una amplia consulta realizada en foros abiertos al público en general.
Entre los argumentos vertidos por el legislador ecologista, está el que desde hace 12 años el Partido Verde ha exigido una normatividad para el ordenamiento territorial, cuestión que los gobiernos del PAN nunca quisieron atender, además de asuntos tales como regulaciones para los condominios, desburocratización de trámites, entre otros.
Tocó el turno al diputado Arturo González Estrada, quien señaló que es inadmisible la forma en que se ha conducido el período extraordinario, llegando incluso a ordenar el cierre del recinto parlamentario, por lo que le pidió al presidente de la Mesa Directiva, que se abrieran las puertas y permitir que el público en general pudiese tener acceso a los debates.
El representante popular por el PAN, expuso que se ha incurrido en diversas anomalías, desde la convocatoria a la sesión, ya que faltaban los dictámenes de los asuntos a votar, uno de los cuales estuvo listo apenas minutos antes al seno de la Comisión de Seguridad Pública.
Por último, González Estrada manifestó su rechazo a la aprobación de nuevos impuestos, que representan una carga adicional para la población y pidió que se regrese el dictamen a la Comisión de Planeación, para revisarlo detenidamente, con la participación de los alcaldes electos, como fue el compromiso que no se cumplió.
Posteriormente, subió a la tribuna el legislador José Luis Ramírez Escalera, quien en primera instancia se dirigió a la audiencia: “qué bueno que esté aquí este contingente especial, porque como siempre hemos dicho en nuestros discursos, esta es la casa del pueblo; qué bueno que estén manifestándose, pues conozco de la integridad, de su inteligencia y respeto a los recintos públicos de muchos de ustedes”.
El verde-ecologista expuso que es lamentable que haya temas que se dejen para después por temor a perder las simpatías electorales, como es el caso del Código Urbano, documentos necesarios para los actuales tiempos. “Más vale un Congreso seguro, firme, un gobernante con visión, que un rosario de gritos desentonados que solamente vienen a querer lograr lo que no han podido obtener por otros medios”.
A continuación, el diputado Alfredo Reyes Velázquez hizo uso de los micrófonos del recinto oficial del Congreso del Estado, “no porque nos hayan instruido para defender el posicionamiento del gobernante en turno, especialmente cuando se va en contra de los ciudadanos”.
Dijo sobre el Código Urbano en comento que “no ha sido defendido por quienes lo realizaron”, y que les llegó apenas hace un mes con diez días, tras más de un año de trabajo donde supuestamente se tomaron en cuenta las opiniones de las 350 personas que presentaron iniciativas, o las 4,500 que asistieron a los foros de consulta, mismas que no estaban presentes en el salón de sesiones.
Concluyó subrayando que el voto de su Grupo Parlamentario “es a favor de la ciudadanía y no de 75 metros cuadrados para las casas ni “vistiendo un impuesto a la plusvalía con el nombre de una contribución por mejoras”.
José de Jesús Ríos Alba, legislador del PRI, aclaró que el Código Urbano es el conjunto de leyes que regulan la vida social de los aguascalentenses, y que de ninguna manera se trata de un albazo su presentación, pues es el resultado de un proceso de prácticamente dos años.
“Voy a aprobar el Código Urbano consciente y racionalmente, incluyendo los puntos de contribución a la mejora, que no es un impuesto porque no es general ni permanente” declaró el doctor, quien también reveló que sólo ocho familias fueron beneficiadas con la construcción del tercer anillo, por lo que con la contribución en comento se evitará que los ricos especulen con propiedades inmobiliarias.
Ríos Alba expuso que actualmente hay una gran problemática en el oriente de la ciudad capital, ya que muchas familias están perdiendo sus casos por la incapacidad de pago, por lo que la disminución de superficie –que no los metros de construcción necesariamente- significará costos más accesibles de la vivienda, al alcance del 65% de los trabajadores que no ganan más de 4 mil 500 pesos.
Por su parte, el representante popular por el PRD, Gilberto Carlos Ornelas, conminó al presidente de la Mesa Directiva para que transmita órdenes a la policía para que retirase el cerco impuesto al Palacio Legislativo. “No hay un estado de excepción que lleve a que haya un cinturón de policías en el Congreso del Estado”.
En cuanto al tema del Código Urbano, sugirió que se conservara la superficie mínima de 90 metros para terrenos populares, y no los 75 propuestos. En cuanto a la contribución a la plusvalía, manifestó: “parece que se quiere castigar por una obligación que tiene la autoridad que es el mejoramiento y el equipamiento urbano”.
Carlos Ornelas externó que en las últimas semanas se ha violentado todo intento de lograr acuerdos parlamentarios. “Sólo dos horas duró la frase aquella de creo en la fuerza de la política y no en la política de la fuerza, pues ya se ha impuesto la fuerza”, esto en relación a la declaración conjunta que emitieran en días pasados el presidente del PAN y el de la Comisión de Planeación, quienes habían anunciado un ejercicio de consulta con presidentes municipales salientes y entrantes que a final de cuentas, denunció, no se realizó.
El perredista advirtió que los próximos tres años, el Código Urbano será un instrumento de gran importancia para el entendimiento entre los ayuntamientos, por lo que debería haber un clima de diálogo, respeto y consenso, no “imponiendo una fracción –legislativa- sobre la otra, por lo que voy en contra de esta iniciativa que no está a favor del mandado popular”.
Dada la propuesta previa de regresar a comisiones el dictamen, fue sometida a votación la moción, obteniendo 7 votos a favor –del PAN y de Nueva Alianza- y en contra de las demás fuerzas políticas.
Ya en la votación en lo general, la iniciativa de Código Urbano alcanzó los votos en contra del Grupo Parlamentario del PAN -3 votos- y del PRD, la abstención de los legisladores del Partido Nueva Alianza -5 votos- y la aprobación de 17 votos de los diputados del PRI, Verde y PT.
En el debate en lo particular, tomó nuevamente la palabra el diputado Gilberto Carlos Ornelas, quien lamentó que con el texto de la propuesta, se deje la puerta abierta para que ATUSA expida discrecionalmente las credenciales de descuento a estudiantes, por lo que propuso que sea la autoridad gubernamental la que emita dichas tarjetas, además de que quede establecido que el descuento sea por lo menos del 50%, incluyendo a los adultos mayores.
El representante popular del PRD planteó asimismo que para la autorización de predios urbanos para uso habitacional, se apegue a los siguientes criterios: Que el frente mínimo sea de 6 metros y la superficie no sea menor a los 90 metros cuadrados.
Sometidos a votación los planteamientos particulares, obtuvieron la negativa por mayoría (16 del PRI y del PVEM), con la aprobación del proponente del PRD, el diputado del Partido del Trabajo, así como de los grupos parlamentarios del PAN y Nueva Alianza (10 a favor).
De esta manera, se ordenó expedir el decreto correspondiente para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Desahogado el tema de referencia, se procedió a someter a consideración del Pleno, el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con la Iniciativa de reformas y adiciones a diversos Artículos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en materia de mando único policial.
El presidente de la comisión dictaminadora, diputado Marco Arturo Reyes Delgado, hizo mención que en trabajo de análisis de la propuesta se tomaron en cuenta las opiniones vertidas por los presidentes municipales actuales y los electos, quienes acudieron a una sesión previa para tal efecto.
Sometida a votación, la iniciativa alcanzó la unanimidad, tal y como había sido lograda al seno de la comisión de Seguridad Pública en la sesión que tuvo lugar en el salón “Aquiles Elorduy”.
En lo particular, el diputado Netzahualcóyotl Álvarez Cardona, propuso una adición al dictamen aprobado, de un segundo párrafo al artículo 34 del ordenamiento reformado, otorgándole al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, “la facultad de nombrar a los Directores y Subdirectores de cada Institución Policial que conforme al Mando Único para lograr una efectiva operatividad”.
El diputado Alfredo Reyes Velázquez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, subió a la tribuna para hacer una moción en cuanto al procedimiento legislativo. Explicó que la propuesta en lo particular debió ser expresada antes de la votación en lo general, por lo que “se rompió con el pacto de caballeros y de civilidad política”.
Por su parte, el diputado Gilberto Carlos Ornelas hizo un llamado a “que se haga un esfuerzo para que se recuperen las mínimas normas de operación de un parlamento”. Manifestó que las últimas semanas se ha perdido el respeto por la legalidad interna y la decencia en el trabajo legislativo.
Clarificó que se estaba pasando encima de las normas con el intento de hacer una adición, ya que si bien se puede entrar a discutir un dictamen en lo particular, esto se puede hacer cuando en lo general se reservan artículos, además de que el artículo invocado para su adición no estaba contemplado en el dictamen, por lo que calificó la maniobra de una “chicana legislativa”.
El diputado Miguel Ángel Juárez Frías, por su parte, subió al estrado por “la imperiosa importancia de evitar la demagogia”, pues explicó que es válido que uno de los integrantes de la comisión legisladora presente propuestas de adición a un artículo que si bien no está de manera expresa en la redacción del proyecto de decreto, sí es parte formal del dictamen, ya que estaba contenido en la iniciativa original.
Arturo González, diputado del PAN, declaró que el miércoles pasado solicitó a su compañero Kendor Macías que le entregara los dictámenes correspondientes al período de sesiones, pero que se le dijo que no estaban listos todos. De hecho, subrayó que “hace unas cuantas horas se dictaminó este tema, por lo que pidió que el dictamen regresara a comisiones.
“Es importante que nos demos el tiempo para analizar, y no aprobar cosas que no existen, sería una ilegalidad, estaría fuera de toda norma. El dictamen no existía” aseguró.
El diputado Arturo Robles Aguilar, recordó que es facultad del Pleno modificar en cualquier momento un dictamen. “La soberanía decide y tiene la facultad de cancelarlo o modificarlo” insistió.
Cuando se iba a proceder a la votación de la adición en lo particular, el legislador Gilberto Carlos Ornelas pidió nuevamente intervenir para aclarar que si bien, el Congreso puede reformar la Ley Orgánica y puede reformas su reglamento, no se puede alegar en cada sesión que “como está reunida la soberanía” se puede hacer lo que se quiera, pues “sería el reino de la arbitrariedad”.
Además, hizo mención que en la sesión con los alcaldes: “si algo tuvo consenso es que no se diera paso a esa disposición (de que el secretario estatal nombre a los directores de seguridad), porque pretende que se pase por encima de la Constitución y la Ley Municipal del Estado y que se abrogue la facultad de los ayuntamientos para nombrar a los jefes policiacos. Nadie estuvo de acuerdo. Sí al mando único, pero no le quiten al ayuntamiento esa facultad”.
Sin más intervenciones, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Kendor Gregorio Macías Martínez, sometió a votación la adición en lo particular propuesta por el diputado Netzahualcóyotl Álvarez, obteniendo como resultado, los votos a favor de las bancadas del PRI y del PVEM, así como de la representación del PT. En contra, se manifestaron los tres diputados del PAN, el del PRD y los cinco del Partido Nueva Alianza.
Agotados los asuntos enlistados, se declaró clausurada la sesión y por ende, el período extraordinario.
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