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12 marzo 2014

Lo acusan por presunto delito de peculado por 60.6 millones de pesos

Por Mario Mora Legaspi

Este martes fue presentado ante el Juzgado Primero de lo Penal de Aguascalientes, el contador público José de Jesús Torres Ramírez, ex funcionario de la administración estatal pasada y empleado del actual Gobierno Municipal, José de Jesús Torres Ramírez, quien en la víspera fue aprehendido por elementos de la Policía Ministerial por la presunta comisión de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y peculado por un monto superior a los 60 millones de pesos en perjuicio de las arcas estatales.

Al respecto, se dio a conocer que dicha persona fue detenida con base en la orden de aprehensión girada por la Juez de la causa, Margarita Zapata Vallejo, precisamente para que responda a los posibles delitos que se le imputan.

Por lo pronto, fue presentado en el juzgado correspondiente, reservándose el derecho a declarar para cuando lo considerara conveniente y no solicitó su libertad caucional.

La orden de aprehensión fue girada por la juez Zapata Vallejo por su presunta participación en la celebración de un contrato de asesoría de un particular a favor del Gobierno del Estado que permitiría a la entidad la obtención de beneficios fiscales, a cambio de los cuales se pagaría al prestador del servicio un 30 por ciento de lo recuperado, cosa que jamás ocurrió, pero sí se le entregaron a la empresa que, por cierto, tiene como objeto social la construcción y no la asesoría fiscal, anticipos por la cantidad de 60 millones 617 mil 863 pesos, entre los años 2008 y 2009, tiempo en el que el inculpado se desempeñaba como Director de Política Fiscal y Hacendaria de la Secretaría de Finanzas del Estado.

En el expediente se hace notar que en la conducta imputada no se sujetaron a los lineamientos establecidos por la Ley Patrimonial del Estado, al asignarse de manera discrecional dicho contrato a la empresa COZAC S.A. de C.V., dedicada a la construcción, que prestaría la asesoría fiscal y recuperaría los estímulos fiscales para el Gobierno a cambio del pago del 30 por ciento, resultados que no constan documentalmente, pero sí los pagos anticipados realizados.

La Juez de la causa cuenta con un máximo de 72 horas a partir de la puesta a su disposición del procesado para definir su situación jurídica y dictar un auto de formal prisión que lo sujetaría a proceso o bien de libertad si no hubiera elementos para procesar.

La defensa del procesado podría solicitar una ampliación del término por otras 72 horas, para reunir elementos de prueba a fin de desvirtuar los elementos que dieron sustento a la orden de aprehensión, pero hasta el momento no lo han solicitado.

El Código Penal del Estado señala en su artículo 174 que el peculado consiste en la distracción que haga el servidor público, para usos propios o ajenos de dinero, valores, fincas o cualquier cosa perteneciente al Estado o a un Municipio, a un organismo descentralizado, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiese recibido en administración, en depósito o por otra causa, al tiempo que precisa que se le aplicará de 1 a 8 años de prisión, de 25 a 300 días multa y destitución e inhabilitación de 1 a 3 años para desempeñar otro cargo.