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26 junio 2017

El programa de intervención institucional focalizada en zona de alto riesgo social contempla una estrategia de contención en torno de la problemática de auto privación de la vida (suicidio), cuyo monto de recurso invertido de forma colectiva, en seis meses, será cuatro millones 492 mil 490 pesos.
El documento presentado por el Gobierno del Estado, detalla que en el caso de Aguascalientes se “ha mostrado un incremento significativo en los últimos años el comportamiento de auto privación de la vida (muerte por lesiones auto infligidas o suicidio)”.
Y ofrecen cifras: “Este fenómeno, que mostró un incremento significativo en el estado en el año 2011 (aproximadamente un 80 %), es una problemática que a nivel nacional igualmente ha mostrado tendencias de crecimiento”.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, entre el año 2000 y el 2014, la tasa de muerte por auto privación de la vida (suicidio) se elevó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes.
El 40.2% de los eventos se presentó en jóvenes de 15 a 29 años, alcanzando la tasa en este grupo de edad un valor de 7.9 por cada 100 mil jóvenes.
En 2014, el Estado de Aguascalientes ocupó, de forma general a nivel nacional, el segundo lugar con mayor presencia del fenómeno con una tasa de 8.6 por cada 100 mil; mientras que en el grupo poblacional de 15 a 29 años ocupó el primer lugar con una tasa de 16.3 por cada 100 mil habitantes.
Este último dato, estaría ubicando al estado de Aguascalientes por arriba de la tasa mundial para este grupo poblacional que la OMS, reportaba en 13.5 por cada 100 mil jóvenes para el año 2012.
De hecho, en el Estado de Aguascalientes este fenómeno mostró un crecimiento sustancial de 2010 a 2012, de un 96.5% en la tasa bruta anual (Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2015), sin lograr hasta el momento detener su incremento gradual discreto.
Ante esto, el Gobierno del Estado de Aguascalientes admite: “Los breves elementos descriptivos anteriores, muestran la seriedad de la problemática y la importancia de considerarla un asunto de política pública, y la relevancia de diseñar programas de acción interinstitucional, intersectorial y multidisciplinar”.
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