Palestra Aguascalientes

Camarillo Ortega Exige en el Senado a LARF que la PGJE y la SEGOB Deje de Hacer Espionaje Político

21 enero 2010

El senador panista Rubén Camarillo Ortega presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, para lanzar un exhorto al Gobierno de Aguascalientes para indagar sobre las actividades de espionaje que se realizan desde la Secretaría General de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia.

El legislador señaló en el documento, que se debe investigar y, en su caso, sancionar a quienes dentro de la Secretaría General de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia del estado, indebidamente utilicen recursos públicos para llevar a cabo de manera ilegal políticas de espionaje, consistentes en la intervención de llamadas telefónicas, especialmente de celulares, así como la video grabación de eventos privados de legisladores federales y estatales, líderes de partidos políticos, actores sociales, empresariales y, en general, de líderes de opinión del estado.

Dijo que este tipo de prácticas; como el espionaje, lesiona gravemente el derecho más elemental del ser humano, el derecho a la intimidad, sobre todo cuando sale a la luz pública y se utiliza de manera subrepticia sin la orden judicial correspondiente para llevarlo a cabo.

Quienes cometen estas tropelías, lo hacen en la más completa impunidad. Persiguen y espían a periodistas, dirigentes sindicales y sociales, de partidos políticos y organizaciones civiles, también los opositores políticos y empresarios no sometidos sufren en carne propia estas prácticas nefastas y vejatorias de la dignidad y privacidad humana, con el fin de contar con elementos de presión y control.

Tal estado de cosas afecta las libertades individuales y socava las garantías constitucionales; de tal forma que la indefensión del ciudadano resulta de que en la actualidad no existe un número privado que no pueda ser obtenido y ser intervenido o ambos.

A nivel nacional el problema del espionaje telefónico se ha reflejado entre actores políticos, penado por la Constitución y el Código Penal para proteger el derecho a la privacidad de las personas; permitiéndolo sólo por la Ley Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, siempre y cuando haya una investigación en curso y el mandato de un juez, para intervenir un teléfono.

En el caso de Aguascalientes, hay fundadas sospechas de que personal adscrito a la Secretaría General del Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia del estado, indebidamente, y al amparo de las atribuciones que tienen en el ámbito de gobernabilidad del estado, se han dedicado, utilizando recursos públicos a espiar a legisladores federales, locales, a empresarios, presidentes de asociaciones, de organismos intermedios y en general a líderes de opinión del estado.

Entre las actividades que realizan ilegalmente, están la intervención de llamadas a celulares, la video grabación de eventos privados y otros tipos de actividades que nada tienen que ver con las atribuciones legales de dicha dependencia.