Palestra Aguascalientes

Diputados del PRI y “La Chucha” Martínez Arropan a GAE y Evitan el Juicio Político

25 noviembre 2009

¿A Cambio de qué el Entreguismo de “La Chucha”?

Por Rubén Torres Cruz

En sesión de la Comisión de Justicia, sus integrantes decidieron por mayoría que la denuncia de juicio político en contra del alcalde capitalino Gabriel Arellano Espinosa resultaba improcedente.

El juicio político solicitado en contra del presidente municipal de Aguascalientes, Gabriel Arellano Espinosa, fue promovido por los diputados Nora Ruvalcaba Gámez, César Cervantes Mena, Juan Gaytán Mascorro y Antonio Martín del Campo Martín del Campo, por presuntas irregularidades administrativas y violación a las garantías individuales.

Al hacer uso de la voz, el diputado César Cervantes Mena argumentó que el juicio político en contra del alcalde de la capital “es procedente cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales del Estado, por lo que de acuerdo al artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo fiscalizar el manejo, custodia y aplicación de los recursos estatales y municipales”.

Sostuvo el legislador Cervantes Mena que la denuncia procede, “pues los hechos en ella narrados, causan daño grave al patrimonio del municipio, sin necesidad de esperar a que revisen las cuentas públicas del municipio de Aguascalientes, pues ya se tiene conocimiento de actos y hechos ilícitos en los que incurrió Arellano Espinosa”.

Por su parte, el diputado Fernando Palomino Topete, enfatizó que no es lo adecuado que previo a la revisión de las cuentas públicas del Ayuntamiento de Aguascalientes, en sus dos semestres de 2008 y el primero de este 2009, se pretenda sancionar por medio de juicio político a algún funcionario, toda vez que aún no existe la información técnica y el análisis por parte de los órganos fiscalizadores.

Y subrayó que los promotores de dicha solicitud “no precisan si el supuesto ‘virtual toque de queda’ fue llevado a cabo, además de que no indican los casos, el registro de las personas supuestamente afectadas en su garantías individuales, ni los nombres de fraccionamientos en donde presuntamente se realizó dicho operativo”.

En su oportunidad, el diputado Jesús Martínez González se pronunció por la transparencia y la rendición de cuentas, sin embargo dijo que no existen los elementos para emprender el juicio político en contra de Gabriel Arellano, ya que no existe una investigación a profundidad del caso, y no se ha considerado, conforme a la ley, el derecho de audiencia del inculpado.

Y refirió que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) ya tiene las denuncias correspondientes, presentadas por ciudadanos, empero la PGJ no ha resuelto dichas querellas y por lo tanto no se pueden fincar aún responsabilidades al presidente municipal de Aguascalientes. Solicitó se estableciera un período a través del cual se investiguen a fondo.

A su vez, la diputada Nora Ruvalcaba Gámez aseveró que no existen elementos antijurídicos en la denuncia interpuesta, toda vez que cada uno de ellos pueden ser solventados en las diligencias que realicen las autoridades competentes, además de que la naturaleza jurídica del puesto público, obliga a ser sujeto de juicio político.

Indicó que la denuncia presentada señala 10 hechos ilícitos, de los cuales 9 son por afectación de la hacienda municipal, y uno por violación a las garantías individuales, por el “toque de queda” que ordenó el alcalde de la capital y el titular de la Delegación Insurgentes, mismos funcionarios que aceptaron en declaraciones periodísticas, haber implementado dicha acción, sostuvo.

Por su parte, el diputado Enrique Rangel Jiménez, arguyó que en estos casos, los denunciantes deben aportar pruebas fehacientes, ya que los promovente han presentado “pruebas privadas, basadas en declaraciones mediáticas, para ello existe un precepto jurídico que a la letra dice: “dame pruebas y te daré derecho”.

El presidente de la Comisión de Justicia señaló que sólo el Poder Judicial de la Federación está facultado para resolver controversias constitucionales, en el caso del supuesto “toque de queda”, y el Órgano Superior de Fiscalización revisar e investigar las presuntas irregularidades administrativas de todo gobierno, y no el Congreso del Estado.

Cabe mencionar que la diputada Nora Ruvalcaba Gámez presentó un voto particular, a través del cual solicita al Pleno Legislativo resuelva conforme a la Ley, la procedencia de la solicitud de juicio político en contra del alcalde capitalino, por las razones expuestas por sus promoventes.

Además de los ya mencionados, se contó con la presencia del diputado Vicente Pérez Almanza, quien tuvo el derecho de voz, pero no de voto en la Comisión de Justicia.