ÚLTIMA HORA
25 enero 2010

Asesinatos, Tortura, Violaciones y Detenciones Arbitrarias
Por Noé García Gómez
Esta semana nuevamente ha quedado al descubierto la violencia política con que opera el gobierno federal, que es la contraparte de su carencia de legitimidad, y la inexistencia en México de una política de seguridad y justicia que contemple la protección y promoción de los derechos fundamentales.
Los informes presentados por dos organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos con presencia internacional, reconocen que en estos tres años la situación de los derechos humanos en México ha empeorado gravemente.
El informe que dio a conocer la organización Human Right Watch (HRW) señala que la participación del Ejército mexicano en tareas de seguridad pública ha convertido a esta institución en la principal responsable de violaciones a los derechos humanos en el país.
Se refiere un “dramático aumento” en los últimos tres años, de los casos de violaciones a las garantías individuales por parte de las Fuerzas Armadas, de los que suman 559 denuncias ante la CNDH entre enero y junio de 2009, y que han incluido asesinatos, tortura, violaciones y detenciones arbitrarias.
El informe de Amnistía Internacional sobre la violencia contra los defensores humanos en México, lo coloca como uno de los más peligrosos del mundo para quienes se dedican a la defensoría, sólo comparable con Irán.
Se documentan 16 casos ocurridos entre 2007 y 2009 de violencia contra defensores de derechos humanos para impedir que realicen su labor, entre los que se encuentran homicidios, agresiones, hostigamiento, amenazas, y otros casos de defensores que fueron acusados y encarcelados por cargos falsos.
En ambos informes se hizo alusión al enorme crecimiento de la violencia contra periodistas en México, por parte del crimen organizado, pero también de las autoridades civiles, policiales y militares del país.
Asimismo, recordemos que hay 12 recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Naciones Unidas, para que se pondere la justicia civil sobre la militar en los casos de abusos cometidos contra civiles por parte de los militares, y que las autoridades Mexicanas no han atendido.
En el Partido de la Revolución Democrática condenamos la torpeza y la falta de responsabilidad con la que se ha conducido el gobierno en materia de defensa y protección a los derechos humanos. La utilización arbitraria de las funciones de seguridad pública, así como de procuración de justicia, a las que se ha incorporado inconstitucionalmente al Ejército, han dado como resultado en estos tres años del Gobierno de Calderón, el crecimiento incontrolado de la violencia política en el país.
En Aguascalientes no tenemos que seguir el ejemplo de mayor gasto en armamento, ya que no es garantía de disminución de la delincuencia. Se tiene que realizar por los tres niveles de gobierno una campaña intensa de prevención del delito, acompañado de la reactivación económica, para salir de esta ola de inseguridad que no por ser ahora silenciosa en Aguascalientes, deja de ser preocupante.
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