Palestra Aguascalientes

Lo que el Año nos Dejó

4 enero 2010

En Memoria de Esther Chávez, Q.E. P. D.

Por Martha Angélica Tagle Martínez

El 2009 estuvo plagado de violaciones a los Derechos Humanos y particularmente contra los de las mujeres. Violaciones cometidas lo mismo por funcionarios públicos que por legisladores, gobernantes y partidos políticos, reviviendo el conservadurismo extremo que afrenta el carácter laico de nuestra sociedad, que es la garantía de libertades y derechos.

El balance anterior no fue suficiente para enumerar todos los agravios contra las mujeres y ha sido necesaria esta segunda parte que incorpora algunos más, no todos, pero si aquellos que significan graves retrocesos en la agenda para una sociedad más justa y equitativa.

Empezaré por el principal obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres que es la violencia de género, esa que se da no sólo en las familias sino también viene de las instituciones y que lo mismo son golpes físicos que agravios legales y decisiones públicas que afectan los derechos de las mujeres. De esas decisiones y acuerdos políticos es de lo que hablo en seguida.

Sin duda, ahora para nadie es desconocido el tema de los asesinatos impunes de Mujeres en Ciudad Juárez, pero lo cierto es que pasaron muchos años de activismo intenso de organizaciones civiles en Chihuahua y de muchas personas, como Esther Chávez, que lograron sacar del silencio lo que estaba ocurriendo en aquella frontera. La omisión de los funcionarios públicos en la resolución de esos asesinatos son elementos que los coloca como feminicidios, pues se considera que es justo esa omisión la que contribuye al igual que quienes los comenten a que se sigan reproduciendo.

Uno de esos funcionarios omisos fue Arturo Chávez, quien fue delegado de la PGR, subprocurador y procurador de justicia en Chihuahua en los años del gobierno de Francisco Barrio. Durante su gestión los casos de feminicidio persistieron, aumentaron y quedaron sin castigo; se fabricaron culpables, se perdieron expedientes y se entorpeció la justicia, motivos todos ellos que han permitido que la impunidad prevalezca y los familiares de las victimas aún reclamen justicia.

Ahora, a pesar de la resistencia de familiares de las víctimas y de organizaciones nacionales e internacionales, a propuesta Calderón y ratificado por el Senado, Arturo Chávez es el titular de la PGR, responsable de la procuración de justicia en todo el país. El acuerdo político entre el PRI y el PAN nos demostraron su total indiferencia ante el clamor de justicia por las mujeres asesinadas en Juárez. Poco podemos esperar de Arturo Chávez, dados sus antecedentes, para atender y erradicar los feminicidios en México.

Una esperanza nos la dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emitió una condena al Estado Mexicano por los asesinatos y desapariciones en Juárez al considerar que violó los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, e incumplió su deber de investigar para garantizar esos derechos. La CIDH sentenció a México a implementar una serie de medidas para resolver los casos de feminicidio que fueron denunciados. Así que habrá que estar atentos sobre las acciones que se implementen para acatar la sentencia.

Otras de esas decisiones públicas que el PRI y el PAN tomaron este año y que hay fundamentos sólidos para considerar que van en perjuicio de las mujeres, han sido los nombramientos de Raúl Plascencia como presidente de la CNDH y de Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar, como ministros de la Suprema Corte de Justicia, el primero por que representa el continuismo de Soberanes, los segundos por su perfil conservador, todos ellos por estar más cerca de los intereses políticos que de los ciudadanos. Sin embargo habrá que esperar este año su actuación para confirmar de qué lado están. La prueba no está tan lejos, en el caso de Raúl Plascencia tendrá que responder a una solicitud firmada por al menos 5 mil personas para que presente una Controversia Constitucional por las contrarreformas realizadas en 18 estados para penalizar el derecho a decidir; y en el caso de los ministros ya tienen en sus manos las acciones de inconstitucionalidad de 4 municipios y las controversias presentadas por el congreso de San Luis Potosí y de la CDH de Baja California contra esas reformas. En realidad no soy muy optimista para esperar algo bueno de ellos, espero me equivoque.

Finalmente, no podemos dejar de lado que la crisis económica que este año hemos vivido nos afecta a todos, pero más a las mujeres. Según datos del INEGI el desempleo en las mujeres avanzó de 4.38 a 7.20%, mientras que en hombres creció de 4.01 a 5.70%. En épocas de crisis las mujeres no consiguen empleo fácilmente y si lo hacen son trabajos temporales, mal pagados y sin prestaciones. Las políticas emergentes no contemplan las condiciones de género, y sólo hay programas de corte asistencial que no modifican la situación de pobreza de las mujeres. Habrá que insistir este año y mucho tiempo más en que para superar la pobreza y tener políticas públicas eficientes es necesaria una perspectiva basada en las condiciones en que hombres y mujeres viven.