Palestra Aguascalientes

Niegan Amparo a LARF por la Falsa Compra del Tomógrafo

3 junio 2014

Por Mario Mora Legaspi

La justicia federal rechazó el recurso de amparo interpuesto por el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat, quien está siendo sometido a proceso por el delito de peculado cometido el pasado sexenio en contra del Instituto de Salud, por lo que queda firme la orden de aprehensión en su contra dictada por la Juez Segundo de lo Penal, Laura Elena Delgado de Luna.

La Juez Tercero de Distrito con sede en esta capital, Sonia Hernández Orozco, resolvió dentro del amparo 760/2014-XI no amparar ni proteger a Reynoso Femat, en la causa en que se le procesa por el ilícito presuntamente  cometido mediante la compra  simulada de un tomógrafo en perjuicio del Instituto de Salud,  por un monto superior a los 13.8 millones de pesos en perjuicio de las arcas del Estado.

En la resolución dictada por la Juez Federal, se subraya que “debe estimarse  que la conducta analizada resultó además de típica antijurídica, de manera que es acertada la resolución de la Juez Penal, ya que se tuvo por demostrada la conducta que se considera como delito antes referenciada y por el que la autoridad responsable ordenadora emitió la orden de aprehensión reclamada”.

La juzgadora agrega que con pruebas que obran en el expediente, quedó demostrado que se entregaron recursos económicos del erario público destinados al Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, para adquirir un tomógrafo computarizado. Sin embargo, la contratación de la empresa resultó ser una maquinación para justificar la erogación de 13.8 millones de pesos, simulando la compra en la que no se realizó la licitación correspondiente ni se recibió el tomógrafo computarizado y, pese a ello, se le dio de alta en el sistema de inventarios.

La Juez Tercero de Distrito argumenta que conforme a las declaraciones de los testigos de cargo, sí es posible considerarlo probable responsable en la comisión de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, previstos y sancionados por los artículos 169, fracción VII inciso d) y 174 fracción I, todos del Código Penal vigente en el Estado.

Incluso los testigos de cargo lo señalan como la persona que ordenó la transferencia de los 13.8 millones de pesos. Por ello, es evidente que en su calidad de Gobernador del Estado, sabía que el recurso sería distraído del fin para el cual se autorizó, pues él mismo dio la orden al Secretario de Finanzas, y éste a su vez al Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas, para que efectuara su traspaso.