Palestra Aguascalientes

Niegan Amparo Federal a Funcionario de LARF

10 julio 2014

Por Mario Mora Legaspi

La justicia federal resolvió negar el amparo al ex secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado durante el sexenio anterior, Luis Gerardo del Muro Caldera, procesado por peculado contra el Instituto de Vivienda del Estado. Por tanto, queda firme el auto de formal prisión en su contra dictada por la Juez Primero de lo Penal, Margarita Zapata Vallejo.

La Juez Tercero de Distrito con sede en esta capital, Sonia Hernández Orozco, resolvió dentro del caso 915/2014-IX no amparar ni proteger a Luis Gerardo del Muro Caldera por el peculado presuntamente cometido mediante la compra venta de terrenos propiedad del Instituto de Vivienda por un monto superior a los 16 millones de pesos en perjuicio de las arcas del Estado.

Cabe recordar que el auto de formal prisión fue girado por la Juez Margarita Zapata Vallejo por su presunta participación en la venta ilegal de terrenos al sur de la ciudad de la denominada Reserva Territorial Morelos II con superficie de casi 100 mil metros cuadrados en un precio aproximado del 17% de su valor real y a crédito a una empresa privada que no utilizó dichos terrenos para el desarrollo de vivienda como debe ser en estos casos, sino que los destinó a actividades meramente mercantiles.

Del Muro Caldera fue miembro de la Junta de Gobierno del IVEA en el gobierno anterior, que autorizó la desincorporación de dichos terrenos en un contrato realmente perjudicial para el estado y ventajoso para el particular involucrado.

La resolución de la Juez Federal considera que “debe estimarse que la conducta analizada resultó además de típica antijurídica, de manera que es acertada la resolución de la Juez Penal, ya que se tuvo por demostrada la conducta que se considera como delito antes referenciada y por el que la autoridad responsable ordenadora emitió al auto de formal prisión reclamado”.

Agrega la Juzgadora Federal que fue la conducta del inculpado en unión con la de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes, la que provocó la afectación a la administración pública con la distracción para usos ajenos, que hicieron de la reserva territorial del fraccionamiento Morelos II, que tenían en administración por virtud de su cargo, ya que ello tuvo como consecuencia, no solo que la administración pública no cumpliera con su objetivo de proporcionar vivienda a las familias en esa reserva territorial -lo que implica por si, un uso ajeno al que estaba destinado dicho bien en atención a la naturaleza, facultades y finalidades legales del instituto ofendido- sino también la afectación de su patrimonio, considerando que el valor de la reserva conforme a la opinión de los peritos era de 19 millones 719 mil pesos, siendo que su comercialización se realizó en 3 millones 405 mil 903 pesos con 50 centavos.