ÚLTIMA HORA
10 agosto 2011
Padres de familia, tutores y maestros que encubran agresiones, intimidación, insultos, amenazas o acoso entre escolares, actos denominados como Bullying, podrían ser procesados penalmente y alcanzar penas equiparables a las consideradas para la violencia intrafamiliar, de acuerdo a una iniciativa que ha sido ya turnada ante el Senado de la República por la representante de Aguascalientes, Norma Esparza Herrera.
A efecto de enriquecer esta propuesta, este martes, la senadora Norma Esparza se reunió con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Omar Williams López Ovalle y el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Miguel Ángel Juárez Frías, con quienes se acordó impulsar el proyecto de manera conjunta para que estas agresiones entre escolares se tipifiquen como delito a nivel local.
Asimismo se proyecta la realización, durante la tercer semana del mes de Septiembre, de Foros de Consulta, a los que se invitará a participar, además de los integrantes del Senado, de la CEDH y de la LXI Legislatura Local, a directivos del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, maestros, coordinadores de zona escolar, presidentes de las Comisiones de Padres de Familia y todos aquellos que puedan aportar ideas y proyectos que coadyuven a terminar con esta grave problemática.
La Senadora Norma Esparza Herrera explicó además que el Instituto Aguascalentense de la Mujer trabaja ya en un diagnóstico que permitirá conocer la gravedad que el Bullying ha alcanzado en estos momentos en los planteles de Aguascalientes.
“Queremos trabajar de manera conjunta el Senado de la República y el Congreso del Estado para, de entrada tipificar como delito el Bullying, pues actualmente ninguna ley lo contempla como una conducta delictiva, que se equipare a las penas que alcanza en este momento la violencia intrafamiliar, que son de hasta 4 años de cárcel”.
Dentro de la iniciativa propuesta por la senadora Esparza Herrera y que ya es analizada en la Cámara Alta del Congreso de la Unión se pretende sancionar con prisión a padres de familia y maestros que se percaten de acciones de violencia psicológica, daños a la integridad física o psicológica de alumnos de instituciones educativas a través de condicionamiento, coacción, intimidación, insultos, o amenazas por parte de otros alumnos.
Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, salvo que la víctima o el agresor sean menores de edad o incapaces, en que se perseguirá de oficio, en los términos de lo dispuesto por la ley de la materia.
Estas penas se aplicarán a quienes omitan la denuncia de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado.
De igual manera se propone que el Ministerio Público apercibirá al inculpado para que se abstenga de ejecutar cualquier tipo de violencia contra la víctima y decretará, de inmediato, bajo su más estricta responsabilidad, las medidas precautorias necesarias para salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima durante la integración de la averiguación previa y hasta la conclusión de ésta.
En esta iniciativa de ley se deja en claro que los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores, los responsables de su guarda, las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de enfermedades mentales. Tratándose de agresores y víctimas menores de 18 años, se otorgará atención médica y psicológica con carácter prioritario.
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