Palestra Aguascalientes

Se Acabó el Material Para Pruebas de ADN en la PGJE: Fiscal Estatal

31 enero 2014

En el salón de sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, el titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de Aguascalientes, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, con el fin de responder a los cuestionamientos relativos a lo expuesto en el Tercer Informe de Gobierno.

De esta forma, intervino desde su curul la diputada Anayeli Muñoz Moreno para señalar que el principal número de quejas en materia de Derechos Humanos corresponde a las procuradurías de Justicia, por lo que preguntó que capacitación en la materia han recibido los elementos ministeriales de Aguascalientes.

También pidió la versión oficial en torno a lo acontecido con el joven Ulises Morín Ortiz, así como las cifras de atención a denuncias de la ciudadanía.

El procurador manifestó que se tiene una comunicación estrecha con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al igual con el ente estatal. De hecho, reveló que hay actuaciones específicas donde interviene la Comisión Estatal, mismas que obran en los expedientes, por lo que hay quejas que resultan improcedentes ya que existió la presencia de visitadores.

Felipe Muñoz indicó que no le preocupan los señalamientos hechos a la Procuraduría de Justicia del Estado, y en relación al caso específico mencionado, aclaró que el joven profesionista fue invitado a reconocer en unas fotografías sobre el posible responsable de un robo, que en lo sucedido está en calidad de víctima y que en torno al caso, se han dado reuniones con los familiares para informar plenamente sobre todo lo acontecido.

Asimismo, el fiscal estatal aseguró que recibió una Procuraduría “en ruinas”, por lo que ha tenido que gestionar la infraestructura necesaria para cumplir con el trabajo. “Anteriormente se tenía resuelto entre el 15 y 16% de los homicidios; ahora hemos llegado a la solución del 85 al 90% de los casos”.

Tocó el turno en el uso de la voz al diputado Mario Alberto Álvarez Michaus, quien recordó algunos de los principios para los procesos legales para luego preguntar sobre el número de arraigos ordenados por la PGJE, si es que estos han devenido en resultados y la opinión sobre la figura en mención, que calificó de ilegal.

Felipe de Jesús Muñoz subrayó que la medida cautelar de arraigo se encuentra establecida en la ley; que se han obtenido alrededor de cien para averiguaciones en delitos de alto impacto. Dio a conocer que de los 297 casos abiertos en delincuencia organizada o secuestro, la gran mayoría de las personas investigadas están bajo proceso o privadas de la libertad, con sentencias en algunos casos mayores a los 100 años.

“En la casa de arraigos no se cometen actos de tortura” enfatizó el procurador General de Justicia, además de señalar que las más de ciento cuarenta personas que han entrado a ésta, son integrantes del cártel de La Oficina. Manifestó que cuando han sido consignados han sido presentados directamente ante el juzgador, con un protocolo que incluye la toma de fotografías y otros peritajes, incluyendo la presencia de visitadores en Derechos Humanos, ya que anteriormente se dieron casos.

El diputado Salvador Dávila Montoya, preguntó sobre el mejoramiento y equipamiento en lo relativo a los Servicios Periciales, particularmente ante el advenimiento del Sistema Acusatorio Penal Oral.

Ante ello, contestó el procurador, se ha mantenido un contacto permanente con la Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevo Sistema Penal Adversarial, con la finalidad de prepararse para la nueva modalidad de resolución de los casos judiciales. Por ello, se ha procurado integrar averiguaciones previas consistentes, con pruebas científicas y no sólo basadas en declaraciones testimoniales.

Asimismo, enunció que todo el personal de Servicios Periciales ha sido capacitado, incluso en el extranjero, además de que se ha procedido al equipamiento del área, llegando a ser una de las primeras cuatro mejores áreas en el país.

Marco Arturo Delgado Martín del Campo, diputado del PRD, pidió conocer el dato sobre las personas detenidas por robo de vehículos. También preguntó sobre algunos trámites que resultan burocráticos y la carencia de personal en algunas agencias del Ministerio Público. También preguntó sobre las causas del aumento en las extorsiones telefónicas.

El procurador del Estado observó que el robo de los vehículos está vinculado a la comisión de delitos, razón por la que se emprendieron acciones estratégicas para frenar esta modalidad, llegando a la recuperación del más del 90% de las unidades.

“No tenemos fronteras en las investigaciones” aseguró el funcionario, ya que de las averiguaciones iniciadas, un gran porcentaje de los detenidos han sido captados fuera del Estado.

“Por año, se han ido de la Procuraduría un promedio de 70 personas por actuaciones irregulares o al margen de la ley” dio a conocer el procurador; asimismo, reconoció que les faltan recursos para hacer su trabajo. También comentó que una parte de los elementos ministeriales ya están en edad de retiro.

El diputado Oswaldo Rodríguez García cuestionó sobre el número de recomendaciones emitidas por Derechos Humanos en contra de la Procuraduría, qué se ha hecho para disminuir la incidencia delictiva y otros datos.

Felipe de Jesús Muñoz Vázquez manifestó que en 2013 solo tienen una recomendación y varias quejas en trámite, particularmente por la actuación del Ministerio Público, mismo año en que se iniciaron más de 17 mil averiguaciones, de las cuales dijo, se dejan a reserva si acaso el 4% de las mismas, “a diferencia de otros años, donde más del 80% de los casos no tenía actuación alguna”.

El servidor público afirmó que “la impunidad va a disminuir en la medida del actuar de los funcionarios, del trabajo, cuando la autoridad cumpla con su función”. También opinó que aumentar las penas no es la forma en que disminuyen los delitos.

Por su parte, el diputado Luis Fernando Muñoz López, destacó la prácticamente nula presencia de los asaltos carreteros en Aguascalientes, así como la reducción en la incidencia mensual de delitos en 18 casos. “Se han desmembrado a un importante número de bandas de delincuencia organizada” añadió, para luego preguntar qué es lo que ha estado haciendo la Procuraduría en el combate a la delincuencia.

El procurador aseguró que el acotamiento de los índices delictivos no se logra comprando armas. Dijo que en su caso, se ha invertido tiempo en diseñar estrategias, particularmente para combatir la delincuencia organizada. “Anterior a esta administración, el 50% de los homicidios dolosos estaban relacionados a la delincuencia organizada, lo que hemos disminuido en más del 80%”.

“La capacitación y la profesionalización del personal, el mejoramiento de la infraestructura son algunas de las medidas que hemos tomado, tenemos alta tecnología, hacemos trabajo de inteligencia” enumeró Muñoz Vázquez. También adelantó que este año se concluirá el Centro de Justicia para Mujeres y que se abrirán áreas especializadas en materia de secuestro, robo de vehículos y oficinas adicionales en los municipios.

Felipe de Jesús Muñoz enunció que la forma de medir la seguridad en el estado es la percepción de la ciudadanía, aunque explicó que sí cuentan con cifras específicas para uso interno de la Procuraduría.

Leonardo Montañez Castro, legislador panista, citó algunos datos de la encuesta realizada por el INEGI en torno a la seguridad pública y del Informe de Gobierno para luego preguntar cuántas órdenes de aprehensión se giraron en 2013 de las 17 mil averiguaciones previas referidas, entre otras acciones.

El procurador enfatizó que todos los ministerios públicos y demás personal de la Procuraduría estaban en un solo edificio, por lo que la primera acción fue descentralizar y crear nuevas áreas especializadas, como las destinadas a la atención a los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar.

“No me gusta ocultar número debajo de la mesa” argumentó el funcionario, quien comentó que cuando llegó al estado había más de 6 mil de los llamados reportes de guardia; es decir, robos y otros delitos que mayormente no se investigaban.

Ahora, “somos el Estado con menor número de secuestros en el país”, celebró el procurador, tras lo cual añadió que el 80% de las órdenes de aprehensión de cumplimentan actualmente.

Juan Manuel Méndez Noriega, diputado del GPPRI-PVEM, preguntó que se está haciendo para mejorar la calidad de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público, cuántas llegan ante un juez y cuántas llegan a una sentencia.

El fiscal dio a conocer que entre el 80 y el 90% de los homicidios dolosos han sido resueltos, mientras que anteriormente no se llegaba al 19%. Además, hizo del conocimiento de los legisladores que de las investigaciones inconclusas sobre asesinatos dejadas por la pasada administración, se han llegado a resolver hasta el 40% de los casos, dependiendo del año.

“En la Procuraduría hacemos trabajo de investigación de calidad, al grado de que nos han pedido apoyo de otros estados. Todas las bandas de secuestradores que operaron otros años han sido detenidas. Nos queda el serio problema de robo a casa-habitación, por lo que tenemos que fortalecer las estrategias de prevención. Nos falta mucho por hacer” enunció e invitó a los legisladores a sentarse con él a revisar punto por punto de lo por él expuesto.

El coordinador del GPPAN, Adolfo Suárez Ramírez invocó los tratados internacionales y a los ordenamientos en materia protección a niños y adolescentes, para luego puntualizar que llama la atención que la Dirección de Servicios Periciales ha suspendido diversas audiencias para proceder a la realización de pruebas de ADN para determinar paternidad, por lo que inquirió si hay una problemática para hacer eco del interés de menores y madres solteras.

El diputado también expuso que muchos ganaderos se quejan de la incidencia del delito de abigeato, por lo que pidió que se explicaran las acciones para disminuir esta modalidad de robo. También opinó que mucha gente no acude a denunciar “porque no se hace nada”.

Muñoz Vázquez, en torno a las pruebas de ADN, reveló que se hacen pruebas no solo para Aguascalientes, sino para otras entidades de la República, por lo que las pruebas de paternidad se les acumularon y se les acabaron los reactivos de alto costo a fines del año pasado, por lo que decidieron posponer temporalmente la aplicación de las pruebas y tener material a disposición para las investigaciones de otro orden.

Adelantó que ya se les autorizó una partida especial para la compra de más reactivos, pues se gasta más de 1 millón de pesos sólo para la realización de pruebas de paternidad. En cuanto al abigeato, informó que han detenido a diversas bandas dedicadas al robo de ganado, haciendo incluso labores de prevención, que no son estrictamente de su competencia.

Además, el procurador dio a conocer que el Tecnológico de Monterrey está realizando un estudio para medir la calidad de atención de la Procuraduría, sin obstáculo para que realicen la investigación, sin limitaciones y de donde dijo, se conocerá la percepción ciudadana al respecto.

Eduardo Rocha Álvarez, diputado priista, preguntó nuevamente sobre el tema del arraigo, ya que por la entrada de la nueva modalidad para seguir los procesos penales, se contempla la eliminación de esta medida cautelar.

El fiscal contestó que la estrategia a seguir será la capacitación y la profesionalización del personal, además de integrar las averiguaciones previas sobre la base de las pruebas científicas.