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9 noviembre 2010

Síndico y Fiscal Comparecen Ante Diputados Locales

Por Rubén Torres Cruz

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado inició su etapa de análisis con respecto al Juicio de Desafuero que solicitó al Congreso del Estado la Procuraduría General de Justicia (PGJ), en contra del síndico de Hacienda, Joel Castañeda Guerrero, por la presunta ejecución de los delitos de falsificación de documentos, uso de documentos falsos y ejercicio indebido del servicio público, en la operación de la compra de vehículos a la Agencia “AP Automotriz S.A de CV”.

De esta manera, se presentaron en el salón Aquiles Elorduy García, el inculpado, acompañado de su representante legal, Francisco Guel Saldívar y el fiscal del estado, Edgardo Valdivia Gutiérrez, para que vertieran ante la Comisión de Justicia sus argumentos en torno a dicho caso, en forma alternada.

En primer turno, el procurador General de Justicia, Edgardo Valdivia, hizo uso de la palabra para ratificar los hechos punibles por los que se acredita la probable responsabilidad de Joel Castañeda Guerrero en los citados delitos.

Por su parte, el síndico de Hacienda del Ayuntamiento de Aguascalientes, Castañeda Guerrero, en su defensa, negó haber falsificado documentos y se declaró inocente de los cargos que se le imputan.

En su oportunidad, el diputado Jesús Martínez González, preguntó a Joel Castañeda si tiene alguna relación laboral con la Agencia de Automóviles que ofreció el servicio de venta de unidades al H. Ayuntamiento de Aguascalientes, ante lo cual éste último respondió que ninguna.

A su vez, los legisladores Fernando Palomino Topete y César Cervantes Mena, preguntaron, por separado, si el acusado (Joel Castañeda Guerrero), consideraba dicha acusación de la PGJ como parte de una persecución política o si existen elementos jurídicos que permitan el inicio de un procedimiento penal.

A lo que el apoderado legal del síndico de Hacienda, Francisco Guel Saldívar, contestó que el motivo de ésta comparecencia es argumentar cada una de las partes, para establecer la verdad jurídica.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Enrique Rangel Jiménez, indicó que conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en este caso, el H. Congreso del Estado cuenta con un plazo de treinta días naturales para que la Comisión emita un dictamen para proponer si el Pleno Legislativo se erige en gran jurado para resolver si el juicio de desafuero procede o no.

Asimismo, Rangel Jiménez señaló que de manera probable y por los tiempos, la siguiente legislatura tendrá que deliberar dicho asunto, sin embargo, se sienta una primera etapa de análisis y desahogo de argumentos por parte de los involucrados, que permitirá más adelante formular una resolución al respecto, aseveró.

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