ÚLTIMA HORA
4 noviembre 2017

Boletín de Prensa
Ante la muerte violenta de Marisol López Carrillo el pasado 18 de octubre en el municipio de Jesús María, y ante el conjunto de declaraciones por parte de las autoridades, para el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes resulta de suma importancia recordar que México ha firmado y ratificado distintos tratados internacionales para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, así como protocolos nacionales creados para la atención a víctimas y la impartición de justicia con perspectiva de género, donde se debe garantizar la idónea investigación, sanción y reparación del daño.
Aunado a ello, las reformas constitucionales en materia penal y de Derechos Humanos en el país reconocen ampliamente el derecho de las víctimas, donde las autoridades están obligadas a adoptar las medidas necesarias acorde a protocolos para garantizar la íntegra y debida diligencia de los procesos.
Para el Observatorio es importante recordar las sentencias de la SCJN y de la Corte Interamericana en lo relacionado a los casos de muertes violentas de mujeres, en el que queda manifiesto la obligación de todas las autoridades de investigar estas muertes con perspectiva de género, incluidas las que en un primer momento pudieran parecer causadas por suicidio o accidentes. Obligación no negociable.
En el caso de muertes violentas de mujeres se deben identificar las conductas que causaron la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género en las causas de la muerte violenta. Se deben, también, preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y se deben hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Además, las investigaciones policiales y ministeriales por presuntos feminicidios deben analizar la conexión que existe entre la violencia contra la mujer y la violación de otros derechos humanos, así como plantear posibles hipótesis del caso, basadas en los hallazgos preliminares que identifiquen la discriminación o las razones de género como los posibles móviles que explican dichas muertes.
Por todo ello, reconocemos la importancia de que se hayan realizado las reformas al Código Penal del Estado del Aguascalientes para la tipificación del feminicidio y se hayan publicado los Protocolos estatales establecidos en la Sentencia de Campo Algodonero, era una obligación que nos debían a todas las mujeres y sociedad de Aguascalientes las administraciones anteriores.
Sin embargo, y de manera específica en este caso hacemos del conocimiento público que la interpretación y aplicación del Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género de Muertes Violentas de Mujeres en el Estado de Aguascalientes tiene como base y como referente protocolos más vastos y exhaustivos respecto a los criterios para la investigación de muertes violentas de mujeres, motivo por el cual no podrá aceptarse conclusión alguna que pretenda archivar la investigación si la misma no ha sido realizada de acuerdo a los estándares mencionados en dichos protocolos y donde se haya demostrado la exhaustividad en la investigación.
Aunado a ello, “el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes reitera, una vez más, su exigencia para que sean respetados íntegramente los derechos de las víctimas de la familia de Marisol López Carrillo, consagrados en el aparatado C del Artículo 20 Constitucional”, finalizó Wilfrido Salazar, abogado del Observatorio.
Deja tu Comentario