Palestra Aguascalientes

Dice el Ombudsman que Sufre de Espionaje Telefónico

9 enero 2015

Pero no Presenta Denuncia Penal

Por Mario Mora Legaspi

Al presentar ante el Congreso del Estado su Informe de Labores 2014, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jesús Eduardo Martín Jáuregui, aseguró tener conocimiento de fuentes fidedignas que por su naturaleza debe guardar su anonimato, que la Presidencia a su cargo ha sido objeto de “espionaje telefónico”, lo que constituye un delito federal.

 

Subraya que el “espionaje” tendría por objeto allegarse información de las investigaciones que se realizan de comportamientos ilícitos de autoridades y de la comunicación con otros medios o personas que pueden aportar información y pruebas de las actuaciones ilícitas objeto de investigación.

 

“Sabemos también de primera mano de las presiones de que han sido objeto medios de comunicación para omitir información relativa a investigaciones que esta Comisión lleva a cabo, por considerar, se dice, que perjudica la imagen de quien o quienes se resisten a aceptar que el nuevo orden jurídico a partir de las reformas a la Constitución de noviembre de 2011 han cambiado las ‘reglas del juego’ a que habrán de ceñirse los procedimientos de la persecución de los delitos y la sanción de las faltas”, indica el Ombudsman.

 

A este respecto, Martín Jáuregui asegura que “ninguna presión, ninguna amenaza, ningún intento de disuasión tendrá efecto sobre el ánimo de esta Presidencia ni sobre el trabajo que como un equipo convencido del interés superior de su función, desempeña la unidad en que se ha convertido el personal del organismo”.

 

La conciencia de que la tarea de salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos es la actividad más gratificante y satisfactoria en una República democrática, permea el desempeño  de los integrantes de esta Comisión que han asumido la responsabilidad con conciencia  plena de su tarea, indispensable para el orden legal.

 

El presidente de la CEDH considera que “es necesario que se explicite la obligación de toda autoridad del Estado o de los Municipios que lo integran, sin distingo, que se encuentran obligados a rendir los informes que les sean solicitados por la Comisión, proporcionar los datos que se les pidan y estén en su poder aún los de carácter personal, toda vez que la reserva no opera entre las autoridades, menos aun tratándose de la investigación de las violaciones a derechos fundamentales por parte de la autoridad.

 

Por otro lado, al hacer un recuento de sus primeros 12 meses al frente de la CEDH, Martín Jáuregui dijo que se dedicó primeramente a realizar los ajustes necesarios al organismo, previa evaluación, luego de conocer de primera mano que la Comisión presentaba un déficit operativo por juicios laborales, algunos de los cuales ya tenían laudo ejecutoriado y, por lo tanto, su cobranza por la vía de la ejecución era inminente.

 

Una decena de personas prestaban servicios mediante un contrato asimilado a servicios profesionales, además de que se tenía un asesor jurídico externo que devengaba 200 mil pesos anuales. Asimismo, se encontraban pendientes de solventar observaciones señaladas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, detalló el funcionario.

 

Asimismo, se tenían diversos convenios con reporteros y medios de comunicación por “servicios informativos” que prestaban a la CEDH.

 

Dijo que tomó la decisión necesaria aunque dolorosa de no recontratar al personal que trabajaba por tiempo determinado prestando servicios profesionales. Asimismo se dio término  al contrato de asesoría jurídica externa y se puso en marcha una política de austeridad publicitaria.