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Progresó la Corrupción en Aguascalientes un 32 por Ciento

17 octubre 2016

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Por Mario Mora Legaspi
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), dada a conocer por la prestigiada consultora Aregional, en Aguascalientes el problema de la corrupción está más vigente que nunca, incluso aumentó el número de víctimas de este problema en un 32.9% entre 2013 y 2015, situando a nuestro estado en el sitio número 12 en la República Mexicana con más casos detectados.

En efecto, la empresa Aregional precisa que en el caso concreto de Aguascalientes, en el año 2013 el número de víctimas de corrupción por cada 100,000 habitantes era de 6,247 y para el 2015 subió a 8,302, lo que significa un incremento de 32.9%.

Los estados que encabezan esta lista negra son Sonora, Morelos, Durango, Sinaloa, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Baja California Sur, Yucatán, Coahuila, Tamaulipas y luego Aguascalientes. Por ejemplo, en Sonora el aumento fue de 177.8 % y en Morelos del 161.8%.

De acuerdo al estudio «México: Anatomía de la Corrupción», elaborado conjuntamente por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), «sabemos poco de ella pero se aparece en todas nuestras transacciones: en el pago de servicios supuestamente gratuitos como la recolección de basura, en el expendio de litros de gasolina que en lugar de tener mil mililitros como en todo el mundo en México sólo tienen 900ml, en la emisión de certificados de inglés a maestros que no conocen el idioma, en la asignación por herencia de una plaza vacante que debiera ser concursada, en la ocupación privada de un espacio público a cambio de una renta mensual, en la obtención de una comisión por canalizar recursos a un municipio, en el diezmo cobrado a los trabajadores de una dependencia, en la liberación de un delincuente a cambio de una paga, en la asignación de un proyecto de infraestructura que debió ser licitado, en la entrega de información confidencial para ganar una subasta, en la exoneración de la entrega de impuestos que fueron retenidos, en el desvío de recursos de la federación etiquetados para equipar a la policía o las aulas de las escuelas».

Conocemos algunas de sus causas pero no logramos comprender como se concatenan para constituir un modo de vida. Observamos que tiene consecuencias negativas en el crecimiento pero la dejamos operar. Sabemos que daña la economía familiar de los más necesitados, que profundiza la desigualdad y que disminuye el bienestar pero optamos por practicarla. Identificamos a los que la cometen pero los premiamos con puestos de gobierno y un lugar privilegiado en la sociedad. Estudiamos casos exitosos para erradicarla pero no los replicamos. La condenamos pero la justificamos. Hablamos, claro está, de la corrupción, señala el mencionado análisis.

Si definir a la corrupción resulta un ejercicio complejo, medirla lo es aún más. Descubrir un acto de corrupción que por definición busca ser encubierto requiere, además de voluntad, de recursos y capacidades de investigación importantes. Una vez descubiertos, los actos pueden ser clasificados y contabilizados pero ahí donde reinan la opacidad, la complicidad y la impunidad, la medición es prácticamente imposible. Para corregir estas dificultades y tener un acercamiento más preciso al fenómeno de la corrupción se han desarrollado distintos indicadores cuyo objetivo es aproximarse al número de casos reales así como a las actitudes y valores de la ciudadanía y de las autoridades.

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