Palestra Aguascalientes

Tolerancia Cero a Sacerdotes que Abusen de Niños

11 febrero 2014

Por Mario Mora Legaspi

Existe un nuevo protocolo que contiene nuevos lineamientos para tratar los casos relacionados con el abuso sexual en contra de menores por parte de miembros del clero, con base en “tolerancia cero”, mismo que la Conferencia del Episcopado Mexicano elaboró con base en las disposiciones contenidas en el Derecho Canónico, el Código Penal Federal y los códigos penales de las propias entidades federativas, pero se encuentra detenido en la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Lo anterior fue manifestado ayer en rueda informativa por el Obispo José María de la Torre Martín, quien sostuvo que la Iglesia Católica en México se congratula por las disposiciones dictadas por el Papa Francisco respecto a estos penosos casos de pederastia cometidos por miembros del clero, toda vez que la Iglesia debe ser fiel a su esencia y a la misión que Jesús le ha confiado.

Por tanto, “debe garantizar y asegurar la protección de los menores de cualquier atentado en su contra y atender adecuadamente a las víctimas de este aberrante delito”, enfatizó el Pastor Diocesano de Aguascalientes.

La enseñanza de la Iglesia sobre la moralidad sexual se basa en la dignidad de la persona humana y en la bondad de la sexualidad humana. Esta enseñanza condena el abuso de los niños en todas sus formas, lo mismo que condena otros crímenes sexuales reprensibles como la violación, el incesto, la pornografía infantil y la prostitución infantil. En otras palabras, si estas enseñanzas se vivieran, no existiría el problema de la pedofilia.

Explicó que hace más de dos años, la Congregación de la Doctrina de la Fe solicitó a todos los Episcopados del mundo, elaborar un nuevo protocolo contra la pederastia. Por lo que se refiere a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), se hizo lo propio y se aprobó durante la Asamblea Plenaria efectuada en el mes de abril de 2012, para luego ser enviada a la Congregación para la Doctrina de la Fe a fin de someterla a su consideración y revisión.

Precisó que en mayo del año pasado, la Congregación de la Doctrina de la Fe remitió las observaciones correspondientes, mismas que se tomaron en cuenta y luego se volvió a enviar el documento corregido en junio del mismo año. “Pero seguimos a la espera de la aprobación definitiva de estas líneas y guías de acción para proceder de inmediato a su aplicación”, añadió el Prelado.

Tienen como finalidad proteger integralmente a los menores y a los que se les equiparan, así como conservar la integridad del ministerio ejercido por los sacerdotes. Se incluye la realización de un proceso apegado a Derecho y que busque sobre todo conocer la verdad sobre cada caso que se presente, aplicar justicia y privilegiar el espíritu de caridad humana, asumiendo en todo momento los principios de responsabilidad y transparencia, con “tolerancia cero”.

Monseñor De la Torre Martín apuntó que el documento contiene los procedimientos para recibir la denuncia. Incluso prevé medidas preventivas y cautelares en contra del sacerdote o clérigo que resulte acusado, así como su atención psicológica y espiritual. También define las formas de iniciar la investigación, contemplando la cooperación con las autoridades civiles.

Incluso contempla evitar cualquier traslado del acusado a otra Diócesis o instituto de vida consagrada; y establece el derecho de la víctima a intervenir en el proceso. En cualquier caso, si así se requiere, se procederá a enviar el asunto al Tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que deberá orientar sobre el proceder de la autoridad eclesiástica, en tanto la autoridad civil sigue su propio proceso.

Y si se comprueba el delito, la víctima tiene derecho a reparación del daño, además de que podrá recibir asistencia pastoral y acudir a terapias, todas ellas costeadas por la Iglesia. Y el culpable tendrá que pagar las consecuencias, es decir, ir a la cárcel conforme a la condena que le fije el Juez encargado del caso, destacó el Obispo.

Desde luego, la autoridad eclesiástica respectiva procederá de inmediato a separar al sacerdote que sea declarado culpable, incluso de su estado clerical. Pero en caso de que la acusación resulte falsa, se procederá a su reintegración, así como a restituir el buen nombre del acusado. Y se procederá por la vía legal en contra de quien formuló falsas acusaciones, así como restituir el buen nombre del sacerdote o religioso.

El mismo protocolo comprende orientaciones para prevenir posibles delitos de ese tipo, teniendo sobre todo mayor cuidado en la selección de los candidatos al Seminario y que cada seminarista tenga un adecuado acompañamiento con el apoyo directo de sus propios formadores y profesores.

Se requiere una formación permanente de los miembros del clero y de los agentes de pastoral, manifestó el Prelado.

La Iglesia debe discernir si un candidato a sacerdote es verdaderamente digno y apto mental, física y espiritualmente.